Tras una intensa auditoría, el Gobierno Nacional presentó una denuncia penal ante la Justicia por la existencia de 1200 comedores que recibían fondos del Estado, pero que no cumplían con su tarea de alimentar a las personas en situación de vulnerabilidad.
El Gobierno Nacional ha llevado a cabo una auditoría exhaustiva que ha revelado la existencia de aproximadamente 1200 «comedores fantasma». Estos establecimientos, que supuestamente debían proporcionar alimentos a personas en situación de vulnerabilidad, han estado recibiendo fondos estatales sin cumplir con sus obligaciones. Como resultado de estos hallazgos, las autoridades han presentado una denuncia penal ante la Justicia, poniendo en evidencia un significativo desvío de recursos destinados a la asistencia social.
Esta situación ha causado gran preocupación dentro del Gobierno, ya que los recursos que deberían haber sido destinados a apoyar a las comunidades más necesitadas fueron malversados. La investigación sigue en curso, y el Gobierno ha prometido tomar medidas enérgicas para corregir estas irregularidades y asegurar que los fondos públicos sean utilizados de manera apropiada y efectiva para combatir la inseguridad alimentaria en el país.
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