Con el objetivo de atacar una de las principales fuentes de corrupción de la clase política, el Gobierno Nacional transfirió más de 80 obras públicas directamente a las provincias, eliminando intermediarios y buscando mayor transparencia y eficiencia en la gestión de los recursos públicos.

En un movimiento estratégico para incrementar la transparencia y la eficiencia en la gestión de recursos públicos, el Gobierno Nacional ha decidido transferir la responsabilidad de más de 80 obras públicas directamente a las provincias, eliminando intermediarios que históricamente han sido vistos como una de las principales fuentes de corrupción en la clase política.

Esta medida se enmarca dentro de un esfuerzo más amplio por parte del Gobierno para asegurar que los fondos y recursos destinados al desarrollo y mejora de la infraestructura se utilicen de manera más efectiva y directa, beneficiando así de forma más inmediata a las comunidades locales. Al asignar la gestión de estos proyectos directamente a las autoridades provinciales, se busca no solo mejorar la velocidad y calidad de la ejecución, sino también fortalecer el control local y la rendición de cuentas.

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